Durante esta semana, se conmemoran tres episodios históricos muy importantes, y por lo mismo casi olvidados, o encubiertos por el tráfago vertiginoso de los asuntos contingentes, o casi sinónimos, escándalos políticos.

Por Luis Sagüés Garay
Un 12 de febrero de 1541, el capitán don Pedro de Valdivia, junto al Alarife Gamboa, fijaba los límites y dimensiones de las calles de la naciente ciudad de Santiago del nuevo Extremo. Con detallada precisión, siguiendo instrucciones provenientes del propio Carlos l de España o Carlos V de Alemania, que ordenaba diseñar las calles y manzanas en un plano cuadriculado, en que cada cuadrícula era un solar con dimensiones de ciento treinta y ocho varas de longitud, separadas por calles de doce varas de ancho. Es lo que tiene Santiago hoy, y gran parte de las ciudades de Chile. Esto que nos parece algo intrascendente, fue una revolución para su época. Las manzanas y calles en La España de aquel tiempo y que se mantienen hasta hoy, eran muy estrechas, situación que habían observado los urbanistas del Rey, quienes tomaron las precauciones para la empresa del poblamiento americano. En España, los incendios, en ciudades donde las calles eran tan estrechas, se hacían casi imparables. Es posible ver que lo vecinos de los pisos superiores casi pueden darse la mano de balcón a ventana. Esto tenían enormes riesgos como el comentado, además de poner gran dificultad para el acceso de ambulancias. Existiendo la imposibilidad de aislar las residencias, cuando una peste o enfermedad contagiosa, se apoderaba de las urbes.
Valdivia muy obediente y visionario, -a él le había tocado ver personalmente- estas deficiencias de las ciudades españolas.
Los dos brazos del Mapocho incluyendo en el centro el cerro huelen, otorgaban agua limpia para la bebida y riego, además un entorno bello y acogedor. La majestuosidad de los montes cordilleranos casi siempre nevados en esta época estival, otorgaba a la distancia, un escenario imponente.
Que mejor escenario para formar una nueva raza mestiza, con españoles y aborígenes.

Otro 12 de febrero ahora de 1817, El -en aquel entonces- coronel Bernardo O´Higgins Riquelme, a la cabeza de los hombres de su división y despreciando las balas realistas, embiste al ejército español en Chacabuco. Una gloria que, al patriota, distingue como corona, en su pasión de ver libre a Chile. O´Higgins soñó durante casi tres años, con este momento. Cuando después de la terrible derrota en Rancagua, y de un tortuoso exilio en Mendoza, podía “con sus cabellos por casco y su pecho por coraza”, desafiando a la muerte, liberar a su patria del yugo realista.

Este episodio tan olvidado ha sido considerado como uno de los hitos trascendentales en la independencia americana. Comparable con la batalla de Maipo, Junín y Ayacucho en 

Créditos Fotografía: Miradas

Por Luis Sagües Garay

La trágica experiencia venezolana debe alertar al mundo libre. Un sistema que comienza por un cauce electoral normal y que aprovechándose de las prerrogativas que permite la democracia, va lentamente apropiándose de la libertad, hasta establecerse con el control total del Estado, conculcando los derechos esenciales del ser humano, sin que nadie se atreva hacer nada para impedirlo, ni sacarlo de este.

Eso es lo que ha ocurrido en Venezuela, y es lo que ocurre siempre que estos sistemas comunistas, se apoderan del país. Los organismos internacionales que pudieran albergar la esperanza de hacer algo, enmudecen o muestran una complicidad alarmante. Pero todos ellos, están dispuestos permanentemente ha rasgar vestiduras, cuando un país -aunque sea muy justificada y brevemente-, se sale de la normalidad democrática para evitar una experiencia como la venezolana.

Chile vivió en los años 70 del siglo pasado una situación parecida, un gobierno que siendo elegido democráticamente -aun cuando con un sistema electoral muy imperfecto- se salió sistemáticamente de la constitución y las leyes. Esto fue ampliamente declarado por los más altos organismos públicos, la Corte Suprema de Justicia, la Contraloría General de la República y el Parlamento. Quienes denunciaron esta violenta irregularidad ilegal, y ante la insistencia del gobierno de aquel entonces, hubo que recurrir a las FFAA y de Orden, para restablecer el Estado de Derecho y volver en un acotado espacio de tiempo, a recuperar la democracia perdida. Y restablecida, a través de elecciones libres, informadas y respetadas por el poder existente hasta ese momento.

Es poco lo que se puede esperar de la situación venezolana, porque no hay en ese país, un sector poderoso que organizadamente pueda restablecer el mandato popular, ya muy claramente demostrado en los últimos comicios electorales, que –como no fueron favorables al sistema imperante– son absolutamente desconocidos y desechados por el Gobierno de Maduro y sus seguidores.

Lamentablemente la democracia no puede convivir con doctrinas que ofrecen abiertamente utilizar estos procedimientos, para lograr el control total de los Estados. Y la experiencia empírica lo demuestra en innumerables oportunidades. La democracia es una doctrina frágil, que basándose en la buena fe y voluntad de los hombres -que no son lamentablemente perfectos– es muy vulnerable y fácilmente conculcada por los que no aceptan otra forma de gobierno que la que ellos practican.

Nuestra original Constitución de 1980, que establecía una “democracia protegida” fue, lentamente modificada hasta llegar a una situación muy favorable al establecimiento de un gobierno totalitario. Esta situación solo fue corregida, popularmente, con el rechazo ciudadano, de los dos intentos de otra nueva constitución. Si no hubiese sido así, estaríamos muy seguramente en una situación muy parecida a la venezolana, cubana y nicaragüense, dentro de sud américa.

Por Luis Sagüés Garay

El sistema de pensiones o jubilaciones, a través de las cajas reaseguradoras- como se llamó en algún tiempo- colapsó por mal manejo, corrupción, y falta de fondos que pudieran soportar las sucesivas pensiones y compromisos, que se iban generando. Mientras los cotizantes que aportaban con una insuficiente cantidad de sus sueldos disminuían, progresivamente. Al contrario, los jubilados y beneficiados por estas cajas reaseguradoras, aumentaban rápidamente. Esta situación -el Estado benefactor- trató de abordarla, haciéndose cargo de pagar las jubilaciones o pensiones, que las cajas por estar desfinanciadas no podían cubrir. En los años 1980, esta situación llegó a su clímax. Poque las distintas cajas previsionales, además de pagar las pensiones, se comprometían a otorgar servicio de salud, prestamos de viviendas, préstamos para otras necesidades como sostenimiento de huérfanos y viudas, que se apartaban aún más, del principal objetivo que tuvieron al crearse, que era la pensión o jubilación de sus cotizantes.

El Estado no podía seguir soportando este tremendo gasto, sin afectar seriamente el desarrollo del país, al ocupar casi todos los recursos generados por los impuestos, en esta auto obligación.

Se creó entonces un sistema que utilizando el dinero de los cotizantes (10% de sus sueldos o salarios) más los aportes patronales y del estado, ofreció – a través de una administración privada – multiplicar estos ahorros en cuentas individuales del ahorrante (AFP), que, con el devenir del tiempo, permitieran pensionar a sus beneficiarios recibiendo, una pensión proporcional a lo cotizado y al sueldo promedio que el trabajador hubiese tenido durante su vida laboral. Esto desvinculaba al Estado de la obligación de pagar con los impuestos de todas las personas, las pensiones y ponía estos fondos de los cotizantes, en organismos que se comprometían a multiplicar los aportes de los trabajadores, por un porcentaje prudente de estos. Todo esto lo supervisaba el Estado, a través de la Superintendencias de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). El mismo año, de la creación de este sistema, se creó el Servicio Nacional de Salud, que tuvo la misión con el aporte de los trabajadores, (7%) del sueldo, cubrir las necesidades médicas de los estos y sus familias. Costo que antes realizaban las cajas reaseguradoras. Las AFP ya descritas, tenían en su marco legal de creación, un acotado sector de bienes en los cuales invertir los fondos de sus ahorrantes. Conforme a esto, los fondos pueden ser invertidos:

a) En acciones de sociedades anónimas abiertas, en Chile, donde el retorno que se obtiene de la inversión viene dado por la variación del precio de la acción entre dos períodos determinados.
b) Instrumentos de renta fija en Chile.
c) En inversión extranjera, donde los fondos de pensiones, puede ser destinados tanto a instrumentos de renta fija, como acciones en el exterior.

Este manejo de los fondos de la AFP en los últimos 35 años, a generado una utilidad para los ahorrantes, que se puede expresar en forma muy gráfica: de cada peso ahorrado por el cotizante, este se ha transformado en tres pesos. Es decir, si un ahorrante ha acumulado en sus fondos 10 millones de pesos salidos de su 10% de cotización, hoy puede observar en su cartola individual, 30 millones de pesos. Además de lo anterior jamás se ha perdido un solo peso de los cotizantes.
Las AFP cuentan a la fecha indicada (17-06-2024) con 9.5 millones de afiliados activos.

Es perfectamente comprensible que el sistema no es perfecto. Pero un inconmensurable progreso respecto a las antiguas cajas reaseguradoras.
Entre los defectos del sistema de ahorro individual (las AFP), es que están peligrosamente afectas, a los vaivenes políticos, que permanentemente están tratando de hacerse de los fondos que han ahorrado los trabajadores, y que a le fecha en total, llevan acumulados más de 250 mil millones de dólares. Una referencia. El presupuesto de la nación hoy es cercano a 90 mil millones de US$ anuales. Este riesgo ha se consumado en Argentina.

Este gobierno actual, absolutamente contrario al sistema de ahorro individual de los trabajadores (AFP) ha hacho ingentes esfuerzos por cumplir con su promesa de campaña de terminar con las AFP. Si esto se consumara como en Argentina. ¿Dónde irían los fondos de los trabajadores que actualmente están en las AFP? Que, con los retiros autorizados por el parlamento, se ha demostrado que son propiedad de los trabajadore y efectivamente existen en aquellas instituciones (AFP) creadas en los años 1980.
Seguramente en esta eventualidad ya desprotegido el sistema por una ley simple, irían a una institución fiscal, administrada por el gobierno, quién tendría como es habitual en el sector público, absoluta disponibilidad de ellos.

El comienzo de la actual reforma de pensiones, que ha sido aprobada por el parlamento, tuvo inicialmente la intención de suprimir las AFP. Afortunadamente esto no fue concedido por una débil posición. Y aunque la reforma tiene varios aspectos muy criticables, en general, sólo con la mantención del sistema de ahorro individual, (AFP) que puede ser permanentemente monitoreado por sus dueños - los cotizantes ahorrantes o trabajadores - resulta si no lo mejor, al menos algo no tan malo.

Por Luis Sagües Garay

¿Qué nos depara el nuevo año que enfrentamos? Hay una serie de incógnitas que resolver.
Una es las elecciones presidenciales, y aunque aparentemente la definición de los candidatos, tanto del oficialismo como de la oposición no está resuelta, lo más urgente es definir cuál debe ser el programa que permita resolver los angustiantes problemas que tiene el país. En consecuencia, es tan o quizá más influyente la oferta programática, que el nombre de los líderes de ambos sectores. Esto permitirá al menos la esperanza, que tendremos de solucionar -en lo posible- definitivamente nuestro destino.
La derecha o partidarios de la oposición a este actual gobierno, ofrece un abanico de candidatos que se pueden acotar mucho con unas elecciones primarias. Pero previo a este proceso indispensable, está definir la “receta y sus ingredientes” para volver a recuperar el sitial alcanzado, de un país ad portas de lograr el desarrollo que teníamos antes de este gobierno.
Los partidos del oficialismo en cambio parecen muy desconcertados para enfrentar este periodo electoral. No se ve claramente cuales pueden ser los candidatos que -con relativo éxito- puedan lograr conquistar nuevamente el apoyo de la ciudadanía. Lo que tienen que ofrecer, siendo los seguidores de esta experiencia más a la izquierda del comunismo, es muy poco atractivo por los resultados sufridos por gran parte de la ciudadanía. Aquellos que se suponen continúen apoyando esta administración tan mal evaluada por los chilenos, no tienen realizaciones que mostrar para volver a encantar a sus originales partidarios. Hay en cambio una cascada de desaciertos y errores no forzados, que difícilmente pueden ocultar.
La ciudadanía después del cambio al voto obligatorio ha dado en reiteradas oportunidades un rechazo categórico a los proyectos del ejecutivo. Es así como la primera propuesta constitucional muy transformadora –el alma del gobierno– y un verdadero programa del mismo, fue prácticamente en dos oportunidades rechazada por los chilenos, por amplias mayorías.
En la oposición en cambio se ha visto un sector, que ha querido colaborar con el gobierno, condicionándolo a que muestre, un cambio programático, hacia una posición más de centro, de tal manera que evidencie, una postura más libre empresarial, que permita la reactivación de una economía absolutamente estancada. Esto crea al gobierno el distanciamiento de sus partidarios de la ultraizquierda.
En otra fracción de la derecha en cambio, se manifiesta una postura muy clara y atrayente. Los que quieren que este gobierno pague el costo de su audacia e imprudencia, de sostener y procurar, que el modelo que dio a Chile los años más virtuosos de su historia, hay que destruirlo.
El resultado ya lo hemos visto, desplome de todos los índices conocidos: económicos, salud, seguridad, educación, construcción, vivienda, inflación, desempleo. Y un vandalismo descontrolado, agudizado y estimulado, por una migración ilegal sin freno, y que tiene a la población, como una de las tres, más temerosas del mundo.

Lamentablemente, el poder ejecutivo parece no dar importancia a los acuciantes problemas de la ciudadanía. Un aspecto gravitante es la delincuencia y la violencia en la Macrozona sur, que el gobierno no ha podido o no ha querido combatir con la energía que la ley le impone. La primera obligación de un mandatario es asegurar el Estado de Derecho. Esto es prácticamente desconocido en amplios sectores del país, donde los delincuentes nacionales como extranjeros son amos y señores. Temocuicui es un ejemplo del territorio chileno, donde los funcionarios de este gobierno fueron expulsados violentamente y, el gobierno no hizo nada por imponer su autoridad.

Con la experiencia lograda en los tres años del presidente Boric, es muy esperable que el nuevo mandato no sea de su mismo signo. Pero la propuesta de los candidatos que luchan por reemplazarlo, debe ser contundente, en cuanto a volver a hacer lo que ya conocemos, y que dio tan buenos resultados. Nunca Chile en su historia, había logrado un éxito en todo orden de parámetros. Como el conseguido con los principios establecidos en el Gobierno Militar y continuados en los gobiernos de la Concertación. Gracias a ello y a la solidez alcanzada en los treinta años, hasta el gobierno de Bachelet, este país ha resistido el duro embate de una administración que ha venido a deconstruir -como ellos lo han dicho- todo lo excelente que habíamos logrado.