Se encuentra en Argentina una supuesta víctima -durante mucho tiempo- desaparecida, en la dictadura Militar de los años 73 siglo XX, en Chile. Se trata de una persona que es nombrada en el Informe Rettig, Vol. 1, Págs. 392 a 393.
Con fecha 10 de octubre de 1973 junto a numeroso grupo de otros detenidos en el sector Liquiñe, dentro del Complejo Maderero y Forestal Panguipulli, fue “presuntamente” detenida, Bernarda Rosalba Vera Contardo, de 27 años, profesora de la escuela de Puerto Fuy militante del MIR. Sus familiares declararon que fueron informados que había sido condenada por su participación en el asalto al reten Neltume. Ella aparece hoy en Argentina.
Se reabre en la opinión pública el caso de los “derechos humanos” que mantiene prisioneros a una cantidad de aproximadamente 400 uniformados como autores de estos delitos. Se trata en este momento de personas en su mayoría octogenarias, en muy malas condiciones de salud, en una cárcel que no tiene los medios para cuidar a estos ancianos. El caso se actualiza porque los condenados en su mayoría lo están por el supuesto delito de “secuestro permanente” que supone que los secuestrados aún están, en poder del secuestrador, que en estos casos están presos en una celda. En el episodio de la desaparecida aparecida en Argentina, es evidente que el condenado por su desaparición -si es que aun vive- lo está en Punta peuco, lugar de detención de los autores de estos delitos. Pero que, con el encuentro, es evidente que hay un tremendo error judicial al condenar, por casi perpetuidad a una persona inocente. Según información entregada por el mayor imputado de estas violaciones, el General Manuel Contreras, hoy fallecido, en su libro “La verdad histórica: El Ejército guerrillero ¿Desaparecidos?” publicado en 2000, dice que no existirían cuerpos desaparecidos, porque al menos 1000 de ellos- de los 1162 que consigna ” el Informe Rettig”- se encuentran sepultados en los Patios 9-12-24-26-27-28 y 29 del Cementerio General de Santiago. Junto a esta noticia, existen más de 100 cuerpos entregados por los organismos de seguridad de la época, al Instituto Médico Legal, que hasta la fecha no han sido reconocidos, por falta de resolución judicial que lo ordene. Esto significa que, identificando a estas personas, al menos se conocería el nombre y apellido de los cadáveres y apareciendo en los lugares señalados, no serían “desaparecidos”. Entonces no existiría la “ficción jurídica” del secuestro permanente. Quedaría entregado, a una verdadera justicia, probar quien fue o fueron los autores del delito de homicidio. Que podrían ser algunos de los viejos casi moribundos que se encuentran en Punta peuco. Pero no se puede condenar a nadie, mientras no se pruebe su culpabilidad. Luego, debería respetarse el derecho a la presunción de inocencia. Mientras los jueces no prueben que estos son los homicidas, de cada persona identificada, no debieran estar prisioneros. Menudo cargo para la Justicia chilena, que ha mantenido por más de 25 años de condena, -muchos de ellos fallecidos en cautiverio- a varias personas, por un delito que no cometieron. O al menos no ha sido probado judicialmente que ellos lo hayan cometido.
Desde luego se probaría fehacientemente, que no estaban secuestrados, ni menos por personas detenidas en Punta Peuco.
Fotografía: Wikipedia