• En poder de los imputados fueron encontradas 110 plantas de cannabis en estado de crecimiento y, siete sacos arpilleros con 62 kilos 450 gramos de dicha sustancia.

Una condena que supera los 26 años de cárcel para el autor de delitos de tráfico de droga, tenencia ilegal de arma de fuego, tenencia ilegal de arma prohibida, lavado de activos y receptación, entre otros, obtuvo el lunes 27 de enero el Fiscal Jefe de Curacaví, Paul Martinson.

Contra otro de los acusados en esta misma causa, en tanto, el persecutor obtuvo también cárcel efectiva, con una pena de cinco años y un día, como autor del delito consumado de tráfico de drogas.

El juicio contra ambos imputados se realizó los días 7, 8, 15 y 16 de enero en el Tribunal de Juicio Oral en los Penal (TOP) de Melipilla.
En la oportunidad, el Fiscal detalló que los hoy condenados, de 31 y 37 años, respectivamente, se dedicaban a la comercialización de cannabis al menos desde 2015 y que, con los recursos obtenidos del negocio ilícito, compraron distintos bienes, incluyendo una parcela y cuatro vehículos.

Además del presidio efectivo, a los imputados se le impuso una multa total de 82 UTM y el comiso de la parcela en Curacaví que fue adquirida con los dineros provenientes de la comercialización de la droga. Allí se cultivaba la droga en un galpón ubicado al interior de la propiedad. De hecho, al momento de su detención, en 2021, en poder de los imputados fueron encontradas 110 plantas de cannabis en estado de crecimiento y, siete sacos arpilleros con 62 kilos 450 gramos de dicha sustancia.

Junto con ello, se encontraron tres armas de fuego: un revolver marca Smith & Wesson con siete municiones en su interior; una pistola semi automática .380 con número de serie borrado con seis municiones en su interior calibre 9 mm; y una escopeta marca Mossber, todas aptas para el disparo. También se incautó un cargador para armas de fuego; 50 cartuchos calibre .357; cuatro cartuchos calibre .38; 45 cartuchos 9 milímetros; 30 cartuchos de escopeta más otros 25 cartuchos de escopeta calibre 112 al interior de una caja, marca Smith&Wesson. Respecto al principal imputado, Christofer Ulloa Vera, fue condenado a 10 años de cárcel por tráfico de drogas; seis años por lavado de activos; cuatro años por tenencia ilegal de arma de fuego; cuatro años por tenencia ilegal de arma de fuego prohibida y 600 días, por tenencia ilegal de municiones, así como 61 días por receptación.