- La iniciativa legal introduce indicaciones para modificar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente ante la proliferación de bandas criminales. El proyecto establece un estricto catálogo de 17 delitos de extrema violencia que no tendrán beneficios especiales.
En una medida que promete redefinir el marco de la seguridad ciudadana y la justicia penal en el país, el Ejecutivo ha ingresado una serie de indicaciones clave al Congreso Nacional destinadas a endurecer de manera drástica las sanciones para los menores de edad involucrados en la delincuencia organizada. La propuesta legal busca que los adolescentes de 16 y 17 años que participen en crímenes de alta connotación social sean procesados y juzgados bajo las reglas de la justicia penal ordinaria, es decir, exactamente igual que un adulto.
La reforma modifica la actual Ley N° 20.084 de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA), cuerpo legal que hasta la fecha proveía un tratamiento diferenciado y orientado principalmente a la reinserción social. Sin embargo, el alarmante incremento en la violencia de las modalidades delictivas, tales como las encerronas en autopistas, extorsiones y la utilización de menores por parte de carteles delictivos, forzó un cambio de timón en la estrategia legislativa del Gobierno.
Impacto en nuestra comuna: El debate cobra especial relevancia para los vecinos de Curacaví y las comunas aledañas a la Ruta 68, zonas que en el último tiempo han visto un desplazamiento de delitos violentos asociados a "encerronas" y robos vehiculares, muchas veces ejecutados por bandas integradas por adolescentes debido a las menores penas que arriesgaban bajo la legislación vigente.
El Catálogo de los 17 Delitos Excluidos de Beneficios
La nueva normativa establece que el régimen de menores quedará completamente suspendido cuando se perpetre alguno de los ilícitos tipificados dentro de un estricto "catálogo de gravedad". En estos casos, los tribunales no podrán aplicar atenuantes automáticas como la irreprochable conducta anterior si el imputado ya cumplió la mayoría de edad durante el proceso legal.
A continuación, se detallan los 17 delitos graves que contempla la propuesta del Gobierno:
Homicidio calificado: Actos cometidos con premeditación, ensañamiento o por recompensa.
Homicidio simple: Atentados directos contra la vida de una persona.
Secuestro: En sus modalidades agravadas, prolongadas o con fines extorsivos.
Violación: Delitos de agresión sexual contra adultos o menores.
Violación con homicidio: Uno de los crímenes con las penas más altas del ordenamiento jurídico.
Robo con homicidio: Asesinatos perpetrados en el contexto de un asalto o robo de bienes.
Robo con violación o castración/mutilación: Agresiones físicas y sexuales extremas durante la comisión de robos.
Robo con retención de personas: Privación de libertad de las víctimas durante el atraco.
Robo con intimidación o violencia extrema: Categoría aplicable directamente a "portonazos" y "encerronas" de alta agresividad.
Tortura: Infringir intencionalmente dolores o sufrimientos graves a otra persona.
Trata de personas: Captación o traslado de individuos con fines de explotación sexual o laboral.
Asociación ilícita y Crimen Organizado: Pertenencia activa a bandas criminales estructuradas.
Narcotráfico agravado: Operaciones de tráfico de drogas que involucren armas de fuego o redes complejas.
Porte ilegítimo de armas de fuego de alto calibre o guerra: Uso o tenencia de armamento bélico de uso exclusivo militar o policial.
Lesiones graves gravísimas: Agresiones que resulten en la pérdida de un sentido, un miembro o dejen deformaciones permanentes.
Incendio terrorista o con resultado de muerte: Siniestros provocados que atenten contra la seguridad pública o causen víctimas fatales.
Extorsión violenta: Cobros extorsivos mediante amenazas directas a la integridad física o material de comerciantes y particulares.
Mayor control y sanciones a adultos
El proyecto no solo apunta al castigo del menor infractor, sino que además introduce severas penas de cárcel para los adultos que utilicen, recluten o instrumentalicen a adolescentes para la comisión de delitos, considerándolos autores intelectuales con agravantes específicas.
Asimismo, la reforma contempla que Gendarmería de Chile asuma un rol activo en el control perimetral y la seguridad interna de las secciones especiales donde permanezcan estos internos en prisión preventiva, asegurando un régimen estricto que evite que los centros de reclusión sigan operando como escuelas del delito.
El proyecto continuará su discusión en las comisiones del Senado, donde parlamentarios de la zona ya han manifestado la urgencia de acelerar la tramitación para dotar a las policías y al Ministerio Público de herramientas eficaces frente a la delincuencia que afecta la tranquilidad de las familias de nuestra provincia.