Por Luis Sagüés Garay
Muy activo debate ha causado en los canales de televisión y en los medios tanto escritos como digitales, el llamado “asunto de los indultos”. Esto prácticamente ha alterado la atmósfera política nacional.
La oposición ha emplazado al gobierno por haber dado curso legal (firma del ministro de Justicia de un decreto) que ordena a Gendarmería autorizar a los reos que -pueden legalmente acceder a este beneficio carcelario- salir en libertad. Cuando estos reúnen los requisitos legales para gozar de este. Esta es una práctica administrativa usual, conforme a la legislación vigente, pero en este caso, la oposición magnifica el hecho, destacando mediáticamente que, entre los beneficiados a disminución del tiempo de condena, hay delincuentes que han perpetrado delitos de violación a menores de edad. Sin duda, esta última circunstancia aparece como muy reprochable, y condenable por la ciudadanía, pero la ley invocada por Gendarmería (N° 19.856) que beneficia a 56 convictos, permite que estos accedan a este beneficio. Luego, el gobierno representado por el ministro de justicia solo tiene que dar curso a lo que la ley les permite. Es necesario destacar, que el procedimiento de rebaja de condena a estos reos, se hace después de un exhaustivo y estricto procedimiento, que realiza Gendarmería a través de una comisión de expertos, integrada por profesionales tanto de esta institución como de otros ajenos a ella. Todos con comprobada competencia en la resolución de estos casos y quienes en forma permanente, estudian las causas de condenados que pueden por sus méritos carcelarios, merecer este trato. El gobierno no ha alterado o modificado de ninguna manera lo que la ley indica, solo se ha remitido a cumplir el precepto legal.
Por supuesto que, desde el punto de vista moral, es posible que la ley sea criticada, pero no es misión del Ejecutivo alterar su espíritu o no obedecerla.
Esta norma lleva en vigencia ya varios años, sin que los mismos políticos que hoy estigmatizan al gobierno, hayan hecho nada por modificarla, impidiendo que violadores de menores puedan tener estos beneficios carcelarios.
Desde el punto de vista mediático, para el gobierno habría sido mucho más conveniente obviar el problema de popularidad política, no dictando el decreto de cumplimiento de la ley, pero ello implicaría poner a esta bajo el interés político. De esto se aprovecha la oposición que ve en ello solamente una forma de denostar al gobierno desviándolo de los reales problemas que tiene la ciudadanía.
Todo el país lleva varios días ocupado enjuiciando al gobierno, influido por la oposición que a mi juicio solo desea que este caiga en popularidad, porque le permite aumentar sus aspiraciones a sucederlo, sin considerar si esto perjudica o no a la ciudadanía. Ha sido la impronta permanente de este sector, desde que asumió el nuevo mandatario. Hay un pertinaz empeño en todo lo que sea posible, impedir que el gobierno resuelva los acuciantes problemas que la pésima administración anterior ha legado, ahí están para obstaculizar.
Uno de los ejemplos de esto, es la oposición sistemática a las reformas al uso de las armas que deben tener las policías, para dar a estas la certeza necesaria que no van a ser perseguidas -como lo han sido hasta este momento por la fiscalía e Instituto de Derechos Humanos- que han perseguido sistemáticamente a Carabineros e Investigaciones, cuando haciendo uso de las armas que le entrega el Estado, cumplen su función de protección a las personas.
Lamentablemente la solución que ve -transversalmente la clase política- a este espectacular suceso, es pedir la renuncia al ministro de justicia, que paradojalmente sólo ha cumplido con la ley.
Pero el circo pide la cabeza del inocente.
