A través del Dictamen N° D357/2026, la Contraloría General de la República emitió su pronunciamiento en relación con denuncias presentadas por miembros del Concejo Municipal respecto a la situación contractual del Director de Control del municipio.
En el documento, el organismo fiscalizador concluyó que la persona designada mantenía patrocinios vigentes en causas judiciales contra la misma entidad municipal al momento de asumir sus funciones. Según lo expuesto en el pronunciamiento, dicha condición configura una inhabilidad contemplada en el artículo 54 de la Ley N° 18.575, resolviendo la nulidad de los nombramientos correspondientes y solicitando las gestiones administrativas para el reintegro de las remuneraciones percibidas.
Asimismo, el informe instruye la apertura de un procedimiento disciplinario para determinar las responsabilidades administrativas vinculadas al proceso de designación, otorgando un plazo de 15 días hábiles para informar sobre las medidas adoptadas.
Por otra parte, la Contraloría desestimó las acusaciones relativas al eventual ejercicio de funciones particulares dentro del horario laboral por parte del profesional, al no constatar antecedentes suficientes que acreditasen dicha falta.