Por Cristián Rodríguez Binfa
Secretario Regional Ministerial (SEREMI) de Economía, Fomento y Turismo – Región Metropolitana
A más de tres años del gobierno del presidente Boric, la agenda legislativa del Ministerio de Economía avanza hacia transformaciones estructurales profundas. Estamos dejando atrás un modelo centrado únicamente en indicadores macroeconómicos para construir una economía que distribuya capacidades, genere oportunidades reales y corrija desigualdades de raíz. En este nuevo enfoque, no basta con crecer; lo esencial es quiénes se benefician del crecimiento, cómo se logra y cuál es su impacto positivo en la cohesión social y territorial del país.
Un ejemplo claro es la recién despachada para su promulgación Ley Marco de Permisos Sectoriales, que reduce los plazos de tramitación, permite gestionar permisos en paralelo y habilita mecanismos como las declaraciones juradas para proyectos de bajo impacto, beneficiando a emprendedores y Pymes, obligando al Estado a coordinarse consigo mismo. Invertir, emprender o desarrollar un proyecto dejará de ser una travesía incierta: el Estado deja de ser un obstáculo por lo tiempos de latencia aportando a la productividad, para convertirse en una plataforma única que permita este objetivo sin dejar de fiscalizar.
Otro eje clave es el acceso al financiamiento, aspecto clave en una economía con niveles de concentración como la nuestra. La futura Agencia de Financiamiento para el Desarrollo (AFIDE) y el nuevo fondo de garantías FOGAE, actualmente en tramitación, permitirán a millas de PYMES acceder a capital sin depender exclusivamente de la banca tradicional. Se priorizarán empresas que aporten innovación, valor agregado y tecnologías limpias. democratizar el financiamiento es fundamental para construir una economía más inclusiva, verde y resiliente.
La transformación también se hace desde la base. El proyecto de ley de ferias libres, hoy en el Senado, reconoce por primera vez a más de 340 mil feriantes como actores económicos legítimos. Las 1.400 ferias del país podrán acceder a apoyo estatal, digitalización, infraestructura y condiciones adecuadas mediante la planificación comunal. Se supera la mirada asistencialista: la economía popular se integra como parte esencial de la estrategia nacional de seguridad alimentaria y el desarrollo territorial.
Por su parte, el cooperativismo dejó de ser una consigna para convertirse en política pública concreta. La creación del Instituto Nacional de Asociatividad y Cooperativismo (INAC) y herramientas como CoopDigital, que permite crear cooperativas 100% en línea, eliminan barreras burocráticas y territoriales. Las cooperativas ya no son solo solidaridad: son también productividad y desarrollo local. democratizar el emprendimiento es redistribuir poder económico.
En logística, la reforma legal al cabotaje marítimo busca reducir costos y mejorar la conexión entre territorios por vía marítima potenciando los recursos y su productividad. En pesca artesanal, la reciente ley sobre fraccionamiento de cuotas corrige décadas de exclusión, asegurando mayor participación para los pescadores artesanales y reforzando la fiscalización que requieren los recursos pesqueros y su adecuada explotación. La economía también se mueve desde la caleta.
El turismo, uno de los sectores más impactados por la pandemia, también está en la agenda. El proyecto de Reactivación del Turismo propone como la devolución del IVA a turistas extranjeros y producciones audiovisuales internacionales que consideren locaciones nacionales, junto con la creación de una tasa por pernoctación para inversión y mejora de la en promoción internacional de nuestro país. El objetivo es dinamizar las economías regionales bajo un modelo de corresponsabilidad público-privada y con un enfoque de sostenibilidad.
En los espacios de decisión, avanza la inclusión. La reciente promulgación de la ley Más Mujeres en los Directorios establece una participación mínima del 40% en grandes empresas. Esto no se trata de cuotas simbólicas, sino de cerrar brechas históricas. Los estudiose evidencia internacional demuestran que los directorios diversos toman mejores decisiones y afrontan mejor las crisis. No incluir a las mujeres ha sido, además de una injusticia, una ineficiencia económica.
Este conjunto de reformas no es solo un listado técnico; es una visión de país. Una economía que crece desde la feria, la cooperativa, la caleta, y también desde la sala de directorios. Más diversa, descentralizada, justa y moderna.
Chile no tiene que elegir entre productividad y justicia social. Puede —y debe— avanzar simultáneamente en ambas dimensiones. Cuando se simplifican los permisos, se facilita el acceso a financiamiento para las regiones y las PYMES, y se reconoce a quienes antes quedaron excluidos, no solo aumenta el PIB; también se fortalecen la inversión, el empleo y la confianza ciudadana. Así crece un país más cohesionado, con una economía que refleja mejor la diversidad y las necesidades de su gente.